El fiscal Federal Cristian Rachid propuso un juicio abreviado para ocho de los integrantes. Los otros dos finalizarán el proceso mediante un debate normal. La investigación de la PSA, las escuchas telefónicas, el plan para adquirir la droga en Bolivia, las comercializaciones para blanquear el dinero ilícito, el rol que tenía cada uno de los implicados y la impunidad dentro del Penal.
Parte de la banda narco que era liderada desde una celda en el Servicio Penitenciario de San Luis llegó a juicio este miércoles. Al Tribunal Oral Federal fueron conducidos Rafael Dante Churquina, Marcelo Manuel Leyes, Lorena Beatriz Ramallo, Milagros Simioli Inzirillo, Jorge Ángel Orozco, Mario Andrés Ojeda, Javier Arnaldo Martiranía y Lucrecia Valdez.
A las 13:44 comenzó la audiencia ante el juez de Cámara de Mendoza, Alberto Carelli. El fiscal Federal en San Luis, Cristian Rachid formalizó la propuesta de juicio abreviado para los ocho imputados. Los únicos acusados que no formaron parte del acuerdo fueron Daniel Hedel Becher y Efraín David Cortez, enfrentarán un debate oral y público el 28 de julio.
El requerimiento fiscal incluyó desde penas condicionales hasta 12 años de cárcel. Los primeros casos para Martiranía y Valdez, mientras que el máximo para el líder de la organización. Sumó a eso multas de hasta $10 millones y el decomiso de múltiples bienes que fueron objeto de los delitos.
El hecho se conoció en las primeras horas del 1° de septiembre de 2023 a partir de un procedimiento que encabezó la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) la noche anterior en Jujuy. La fuerza de seguridad interceptó a tres miembros de la organización con 5264 gramos de cocaína que tenían como destino San Luis. Eso desencadenó en allanamientos, uno de ellos en la Unidad 1 del Servicio Penitenciario, desde donde Churquina dirigía las acciones de la banda.
La compleja red de operaciones para blanquear el dinero del narcotráfico
La investigación detectó dos principales grupos de maniobras para blanquear el dinero ilícito: uno basado en la compraventa de vehículos (motos y autos de mediana y alta gama) y equipamiento comercial, y otro enfocado en préstamos en efectivo a través de una financiera local. Para estas actividades, se allanó un local ubicado en la intersección de las calles Presidente Perón y Remedios de Escalada, de Villa Mercedes, que funcionaba como la base operativa de estas transacciones.
Fuente: El Chorrillero.
