En el año 2010, producto de un debate a nivel nacional acerca de los medios de comunicación, el entonces concejal Mariano Stinga, desde la banca del socialismo merlino presentó un proyecto de ordenanza para crear un registro municipal de medios y establecer las condiciones de la distribución de las pautas publicitarias en nuestra localidad.
El proyecto se aprobó y hoy es la ordenanza N° 1231 que sigue en vigencia. El espíritu de la norma es llevar transparencia a la utilización de los dineros públicos y distribuir equitativamente los fondos reservados a la publicidad de los actos de gobierno.
La proliferación de medios digitales en los últimos años no es ajena a nuestra ciudad, y podemos ver últimamente páginas que reproducen sólo la publicidad oficial de manera muy tendenciosa e, incluso, a veces violenta hacia quienes no piensan igual.
En el presupuesto de gastos municipales para el año 2025 figuran, en el ítem “comunicación institucional” 64 millones de pesos para “servicios no personales”, que es el fondo asignado a la libre contratación para el área de prensa. Monto que puede ser aumentado mediante una readecuación presupuestaria sin participación del concejo, auto aprobada por el oficialismo a través de su mayoría automática, y que veremos reflejada en los balances, algún día.
Los 4 concejales no oficialistas presentamos un pedido de informe para saber cuáles son los medios que reciben dinero del Estado municipal (cosa que no habría que pedir porque según la ordenanza el registro debe estar publicado en la página de la municipalidad), quiénes son sus titulares, y cuánto perciben por sus servicios.
Como nos tienen acostumbrados, los concejales oficialistas impidieron su tratamiento sobre tablas evitando que el pedido fuera enviado a la intendencia y tuviera que responder todos estos interrogantes que generan suspicacias con respecto a la utilización de ese dinero. El discurso oficialista es acerca de la “transparencia”, pero cada vez que se propone pedir información importante sobre el destino de fondos públicos o pedir documentación, se niegan sistemáticamente.
¿Quién nos va a defender si el 11 de mayo el oficialismo retiene la mayoría en el Concejo Deliberante?
¿Quién nos va a defender ante la prepotencia de quienes abusan de su poder y votan y hacen lo que quieren?
Todo lo que aprueban puede ser modificado o derogado, todo lo que esconden puede salir a la luz, pero para que suceda tenemos que cambiar la correlación de fuerzas, tenemos que modificar la mayoría oficialista por una mayoría de fuerzas que lleven equilibrio a una institución que hace más de 5 años funciona como una escribanía de la intendencia.
Ana Laura Ferrarotti y Daniel Orue.
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