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Libertad de prensa: un límite que el poder no debe cruzar

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La decisión del gobierno argentino de impedir la difusión de audios de Karina Milei es mucho más que un episodio aislado: constituye una señal alarmante para la libertad de prensa y para el derecho de la sociedad a estar informada.

En democracia, la censura previa está prohibida. La Constitución Nacional lo establece con claridad en sus artículos 14 y 32, y la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha reiterado que ninguna autoridad estatal puede impedir de antemano la circulación de información o ideas.

El argumento de la protección de la intimidad es legítimo, pero no puede convertirse en una excusa para cercenar la tarea periodística. Como advierte el constitucionalista Andrés Gil Domínguez, “los conflictos entre libertad de expresión y derechos individuales deben resolverse a través de responsabilidad ulterior, nunca mediante prohibiciones previas”.

Los funcionarios públicos, además, tienen un grado reducido de privacidad. Así lo recuerda Roberto Gargarella, al señalar que el interés social en conocer conductas vinculadas al poder político justifica un escrutinio más amplio. Y como subraya María Angélica Gelli, incluso si se tratara de un exceso mediático, la vía correcta es la demanda judicial posterior, no el silenciamiento anticipado.

Al actuar de esta manera, el gobierno no solo intenta proteger a una funcionaria clave del círculo presidencial, sino que envía un mensaje inquietante: que puede decidir qué puede o no publicarse. Eso, en cualquier democracia, se llama censura.

La libertad de prensa no existe para incomodar a los poderosos en abstracto; existe precisamente para poner bajo la lupa sus actos, sus decisiones y hasta sus contradicciones. Limitarla es debilitar el sistema de frenos y contrapesos que resguarda a la sociedad frente a los abusos de poder.

En tiempos donde la información circula de manera instantánea y global, pretender silenciar voces resulta, además de inconstitucional, ilusorio. Lo único que logra es reforzar la sospecha y alimentar la desconfianza pública.

El gobierno debe entender que la democracia no se fortalece con prohibiciones, sino con transparencia. Impedir la difusión de información —cualquiera sea su contenido— es una pendiente peligrosa que erosiona derechos conquistados con décadas de lucha. La libertad de prensa no admite concesiones: se defiende.