Un total de 33 familias aseguran haber comprado terrenos en un sector donde el Gobierno provincial planea construir 300 viviendas. El municipio llevará el caso a la Justicia penal y aportará documentación.
Un conflicto de fuerte impacto social salió a la luz en Villa Mercedes luego de que 33 familias aseguraran haber comprado terrenos que, según la información oficial, no serían de propiedad privada sino tierras fiscales pertenecientes al municipio y actualmente cedidas al Gobierno provincial para la construcción de 300 viviendas.
La situación se conoció en los últimos días cuando maquinaria ingresó al sector para realizar trabajos de limpieza y nivelación en un predio ubicado al noreste de la ciudad, entre la Dársena y la Autopista de las Serranías Puntanas, cerca del barrio 70 Viviendas. En ese lugar está previsto el desarrollo de un nuevo plan habitacional anunciado por la Provincia.
Desde el Ejecutivo municipal, encabezado por el intendente Maximiliano Frontera, confirmaron que este lunes presentarán una denuncia en la Justicia penal y acompañarán documentación que acreditaría la titularidad fiscal del terreno y su posterior cesión al Gobierno provincial.
La persona señalada como responsable de la venta es Maité Reina del Portugal Escudero, quien desde enero habría ofrecido lotes de aproximadamente 500 metros cuadrados a un valor de 15 millones de pesos cada uno. De acuerdo con los damnificados, varias operaciones se concretaron recientemente y algunos compradores habrían abonado la totalidad del monto.
Según relataron los afectados, Escudero aseguró que el terreno le habría sido legado por su abuelo y que inició un trámite de posesión veinteañal, sosteniendo que lo que se comercializó fueron “derechos posesorios”. Sin embargo, los compradores afirman contar con contratos firmados y planos de subdivisión, algunos de ellos rubricados en una escribanía ubicada sobre calle Pedernera.
El caso plantea ahora distintos interrogantes que deberán resolverse en el ámbito judicial, entre ellos la situación dominial del predio, la validez legal de los contratos firmados y las posibles responsabilidades civiles y penales que podrían derivarse de estas operaciones.
Mientras tanto, las 33 familias atraviesan un escenario de incertidumbre. Muchas de ellas ya proyectaban iniciar la construcción de sus viviendas en esos terrenos y ahora esperan que la investigación judicial permita esclarecer lo ocurrido y determinar eventuales mecanismos de reparación.
Debido a la cantidad de personas afectadas y al carácter público de las tierras involucradas, se prevé que la causa avance con celeridad en los tribunales.
