La directora de Comunidad Educativa, Celeste Aparicio, destacó que algunos estudiantes asumieron su error y aclaró que continúan activos los protocolos y las investigaciones en casos de alertas por tiroteos.
Tras las amenazas de tiroteos en instituciones de la provincia, el Gobierno decidió quitarles las estampillas escolares a 34 estudiantes que violentaron la convivencia escolar. Desde el ministerio de Educación, la directora de Comunidad Educativa, Celeste Aparicio, reveló a El Chorrillero que evalúan más casos por mensajes por manifestar intenciones de supuestos ataques armados, bullying y llevar armas blancas a los establecimientos.
“Además de los casos que hemos confirmado y notificado a través de expedientes, hay varios más que están en estudio y por otras circunstancias, no solamente por amenazas. En algunos es acoso escolar; en otros, también han sido notorios cuando llevan armas blancas a los establecimientos, como cuchillos”, informó Aparicio. Y, llevando tranquilidad, agregó: “En algunas situaciones, los propios estudiantes reconocieron su error, junto con sus tutores o compañeros”.
La directora de Comunidad Educativa aclaró que la quita a estos 34 alumnos responde al monto del año lectivo cursante, 2026, y al nivel, primario o secundario, en el que se encuentre el estudiante, así como a la modalidad de la escuela a la que asista: orientativa, técnica o de adultos. “Pero si se repitiera o reincidiera hasta una tercera vez, puede perder la totalidad de las estampillas que ha acumulado un estudiante”, alertó.
La funcionaria recordó la importancia de tomar las amenazas como un delito y algo riesgoso para su seguridad y la de sus compañeros, y no como un reto viral. “Los procesos de investigación continúan en todos estos casos y en otros, porque cuando hay una amenaza de tiroteo se puede presumir que hay armas en las casas”, destacó.
Cómo se establece la quita de estampillas y qué dicen las leyes provinciales
La Ley N° VIII-0752 de 2011 encuadra el programa “Estampillas Escolares de Ahorro para mi Futuro”. Esta busca estimular la educación y el ahorro de alumnos primarios y secundarios presenciales mediante la entrega de estos sellos anualmente, que recién podrán canjear por dinero al finalizar sus estudios.
En 2025, la gestión del gobernador Claudio Poggi realizó una modificación en el decreto reglamentario donde se agrega un inciso que establece, para cobrar las estampillas, además de cumplir el resto de los requisitos, como terminar el secundario, es necesario no haber realizado acciones que violenten la convivencia escolar, ya sea física, psicológica o sexual.
“Cuando ingresamos había muy poco normado en el ministerio de Educación, apenas una simple guía. Nosotros establecimos una resolución de trabajo interno y también ‘Guiarse’, que es un decreto que tiene fuerza de ley. En un primer momento tenía 40 protocolos, los primeros que hicimos; ahora ya tiene más de 70. Eso nos permite organizar la actividad y también saber cómo actuar en cada situación”, contextualizó la funcionaria.
Ante situaciones de crisis, como las amenazas de tiroteo, los directivos de las instituciones siguen lo indicado por “Guiarse”. Luego, elaboran un informe que es enviado al ministerio de Educación a través del sistema Tramix o del sistema de estudiantes. En ese documento se incluyen las actas relevadas y las distintas situaciones registradas.
El trámite continúa a través del nivel o modalidad educativa correspondiente hasta llegar a la Dirección de Bienestar Escolar, que centraliza la información y evalúa la posible quita de estampillas ya que es la encargada de autorizar y ejecutar los cobros.
“Cuando se procede a la quita a través de una resolución, se envía al directivo de la institución para que este se lo comunique a los tutores y a los estudiantes, por supuesto”, resolvió Aparicio.
Sin embargo, la sanción en el beneficio no es la única medida ante la activación de alguno de los 70 protocolos. En paralelo, se solicita, dependiendo del caso, la intervención de distintos ministerios como Salud, por ejemplo, con psicólogos o psicopedagogos. También se evalúa si se requiere algún tipo de modificación en la continuidad escolar del alumno, ya sea con una modalidad virtual o de cartilla o el traslado a otro establecimiento.
Además, interviene Seguridad, a través de la Comisaría de Atención a la Niñez, Adolescencia y Familia (Canaf), Policía Civil y/o Prevención Ciudadana, como ocurrió en los últimos días en aquellas escuelas que tuvieron amenazas de tiroteos. Por último, está la Fiscalía de Instrucción Penal, encargada del proceso investigativo que incluye entrevistas y pericias caligráficas, entre otras medidas.
“Buscamos siempre erradicar la violencia, porque recordemos que las escuelas son nuestro lugar seguro, quizás el más seguro que tienen nuestros chicos. En algunos casos, las situaciones de conflicto no ocurren en los establecimientos, pero cuando esta norma se altera hay que tomar medidas o sanciones”, aclaró Aparicio sobre el trasfondo de esta decisión límite.
El otro eje indispensable, cuando se trata de violencia en ámbitos con menores, es el involucramiento de la familia. “Necesitamos que los tutores dialoguen con sus hijos. Cuando le damos un teléfono a un menor, tenemos que ser conscientes de a qué mundo le estamos abriendo la puerta. Muchas veces los padres desconocen las plataformas donde se incentivan estos retos”, destacó la funcionaria.
Cómo seguirán las clases la próxima semana
Sobre la cantidad de escuelas afectadas, que se estima son unas 30 en toda la provincia, Aparicio aclaró que continuarán con los protocolos y las investigaciones. Sobre nuevas amenazas, desde el Ministerio prefirieron no dar números para no generar pánico en la comunidad educativa.
“Mantenemos un diálogo permanente con los equipos directivos, que han estado a la altura de la situación”, destacó. Y, sobre las medidas que tomó cada espacio, como la asistencia a clases sin mochilas ni celulares, aclaró: “Nos han consultado antes de tomar esas decisiones y las hemos acompañado, incluso ayudando con la comunicación a las familias. La escuela puede establecer normas preventivas para garantizar la seguridad”.
Además, renovó el pedido a los padres para que dialoguen con sus hijos, estén atentos a qué elementos asisten al colegio junto con sus útiles y los acompañen al ingreso a clases.
Fuente: El chorrillero
