El Gobierno de San Luis acompañó un pedido para que se respete la actualización del Protocolo para la Interrupción Legal del Embarazo

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El Estado puntano sumó su respaldo a un documento firmado por otras provincias, en las que establecen un apoyo a la Actualización 2019 del Protocolo para la Atención Integral de las Personas con Derecho a la Interrupción Legal del Embarazo y la Resolución N° 3158/2019 de la Secretaría de Gobierno de Salud. A su vez manifestaron la preocupación frente a la revocación del mismo.

El documento dice textualmente lo siguiente:

Los abajo firmantes, jefes/as de Programas de Salud Sexual y Reproductiva de diferentes provincias del país, queremos expresar nuestro más firme respaldo a la Actualización 2019 del Protocolo para la Atención Integral de las Personas con Derecho a la Interrupción Legal del Embarazo y la Resolución No. 3158/2019 de la Secretaría de Gobierno de Salud. A su vez manifestamos nuestra profunda preocupación frente a la revocación del mismo.

La actualización del mencionado Protocolo implica un avance sustancial para los derechos sexuales y reproductivos de las personas ya que, por primera vez, adquiere jerarquía normativa por tratarse de una resolución oficial. Este instrumento otorga lineamientos a los equipos de salud para trabajar 09 21 marco de actualizaciones clínicas que aseguran la atención del aborto dentro de los mejores estándares de calidad, como las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud acerca de los procedimientos para la interrupción legal del embarazo, y hace hincapié en la importancia de la celeridad de la práctica. Se adapta además a los cambios introducidos en el Nuevo Código Civil de 2015, con especial énfasis en la capacidad progresiva y la no sustitución del consentimiento para niñas, adolescentes y personas con discapacidad.

Ya desde 1921, el artículo 86 del Código Penal de la Nación establece las excepciones a la punibilidad del aborto: a) 05 9058 de peligro para la vida de la mujer; b) en caso de peligro para la salud de la mujer; c) en caso de violación. A su vez, en 2012 la Corte Suprema de Justicia de la Nación dictó una sentenda histórica con el fin de agilizar el derecho al acceso al aborto legal, reafirmando el derecho de las mujeres a interrumpir sus embarazos en todas las circunstancias permitidas por la ley.

La derogación de esta actualización no afecta el derecho que tienen niñas, adolescentes, mujeres y otras personas con capacidad de gestar de acceder a un aborto legal ni exime al sistema de salud de seguir cumpliendo con sus responsabilidades.

Los equipos sanitarios de todo el país manifestamos nuestro compromiso de garantizar las tareas y responsabilidades profesionales en el marco de las buenas prácticas y del respeto por los derechos sexuales y reproductivos. Por lo tanto, respaldamos la actualización del Protocolo y la Resolución 3158/2019.

Es por ello que instamos a las autoridades del Gobierno Nacional a que revean lo actuado y obren de acuerdo al marco legal y en beneficio de las mujeres y los equipos sanitarios.

Roxana Barros (Catamarca); Yolanda Bertazzo (San Luis); Bruno María Julia (Pcia. de Buenos Aires); Roxana Cabrera (Mendoza); Claudia Castro (Jujuy); Sandra Formia (Santa Fe); Gisela García Chamut (Santiago del Estero), Lucy Grimalt (Entre Ríos); Mariángeles Gorini (Salta); Marcelo Guida (Tierra del Fuego); Viviana Guzmán (Tucumán); Cristhel Rein (Santa Cruz); Natalia Kozlakowski (Chaco); Mercedes Luna (Región sanitaria III PBA); Valeria Mato (Región Sanitaria X PBA); Norma Miño (Misiones); Fabián Portnoy (CABA); Andrea Rivas (Región Sanitaria IX); Liliana Romero (Región Sanitaria XI PBA); Mariano Rubio (Región Sanitaria Wuelke Sileny (Río Negro); Soledad Soberon (Neuquén); Laura Soto (La Pampa); Myriam Toscano (La Rioja); y Verónica Vivanco (Chubut).

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