La Justicia mantuvo la acusación de la fiscalía por los delitos de rapto y abuso sexual agravado.
Este viernes, Sergio Fares, el hombre acusado de abusar de un adolescente de 15 años en San Luis, fue enviado al Servicio Penitenciario provincial por 120 días. La prórroga venció y ahora pasará los próximos meses en la cárcel.
En la Sala de Audiencias del Poder Judicial, la jueza de Garantía en Feria Judicial, Natalia Lazarte Otero, mantuvo la acusación de las fiscales María Delia Bringas y Mercedes García por los delitos de rapto, abuso sexual con acceso carnal y amenazas en concurso real.
El hecho ocurrió el 6 de julio en la capital y es investigado por la fiscalía de Instrucción Penal con intervención en contexto de Género, Diversidad Sexual, Infancias y Adultos Mayores de la Primera Circunscripción Judicial.
Tanto la querella representada por Graciela Muñoz Guanca y el defensor de Niñez y Adolescencia N° 1, Sebastián Privitera, estuvieron de acuerdo con la fiscalía con el pedido de prisión preventiva.
En tanto que la defensa, Ricardo Gutiérrez Esley rechazó la solicitud y pidió la inmediata liberación de Fares ante la “falta de mérito”. En caso de que esto no sucediera, propuso el arresto domiciliario ya que el caso había tomado estado público y el imputado estaría en riesgo.
Finalmente, esto no se tuvo en cuenta. Además, cuestionó los dichos del menor.
“Se mantuvo la calificación de un hecho que a toda la ciudadanía alertó mucho. Seguimos investigando, hay muchas pruebas que todavía faltan ingresar, hay algunas que ya lo hicieron, en base a eso seguiremos”, sostuvo la fiscal Bringas.
Entre las principales evidencias que enumeró para la acusación se encuentra la denuncia, el testimonio del menor y los primeros exámenes médicos realizados tanto en el chico como en el hombre de 51 años.
“Se hicieron pruebas toxicológicas en la víctima, se obtuvieron resultados. Se pudo determinar que había alcohol en sangre del menor, además tenía un tipo de opioide, una sustancia que sirve de relajamiento muscular. Lo principal es que estamos ante un menor vulnerable por su edad”, sostuvo la representante del Ministerio Público Fiscal.
También contó que se llevaron adelante allanamientos y fueron secuestrados teléfonos, sábanas, entre otros elementos. A partir de ahora, buscarán incorporar informes de especialistas, registros fílmicos, pericias a los teléfonos y más.
En la audiencia Gutiérrez Esley señaló que las “pericias científicas dieron negativas” como los análisis realizados tras los hisopados, y se detuvo en “la falta de hallazgo de un arma en el domicilio del imputado”.
Bringas también se refirió a la postura de la defensa: “Cuando la defensa manifiesta que los exámenes toxicológicos de la víctima dan negativo, esto no es así. Se encontraron opiáceos en orina y también un 0,3% de alcohol en sangre”.
Más de la audiencia
Privitera apoyó la postura de la fiscalía: “Más allá de la cámara Gesell, tenemos testimonios que ubican a una persona de 50 años en su domicilio con un adolescente ¿Qué hizo el imputado para asegurarse de que no era menor de edad? Había una diferencia evidente. Tenemos serios indicadores de que el abuso existió. La prisión preventiva es necesaria por el peligro de fuga y la expectativa de pena”.
Por su parte, Muñoz Guanca planteó su teoría del caso y sostuvo que “el adolescente nunca prestó consentimiento para mantener ningún tipo de relación o contacto con el imputado”.
Aseguró, además, que “fue una víctima obligada a subir a un vehículo en contra de su voluntad”.
Tras escuchar las posiciones de las partes, Lazarte Otero dijo que “los hechos narrados por la fiscalía y la evidencia colectada permiten sostener provisoriamente la acusación”.
“No hay pruebas suficientes presentadas por la defensa que habiliten una falta de mérito”, afirmó y destacó el peligro de entorpecimiento de la investigación y la necesidad de proteger a la víctima, “quien se encuentra en una doble situación de vulnerabilidad”.
La defensa adelantó la posibilidad de apelar la decisión.
Fuente: el chorrillero
