José Toledo y Paola Tonelli hicieron negocios vendiendo certificados médicos falsos a empleados públicos sin ganas de ir a trabajar. Ambas partes sabían que todo era un delito. Pero la ambición, sentirse pícaros y la vagancia pudo más. Un centenar de avivados perdieron el trabajo. Y la pareja terminó condenada por falsificación de instrumentos privados y defraudación al Estado provincial.
José Toledo y Paola Tonelli, la pareja que vendía certificados médicos falsos a empleados públicos, quienes los utilizaban para presentarlos en su trabajo y así quedarse en casa y no ir a cumplir con sus obligaciones. La pillería no era tal. La jugada no era una simple avivada, sino un delito.
Al menos 100 empleados de la administración pública -contratados y de planta permanente- se enteraron que había una pareja que vendía certificados médicos -firmados, membretados y sellados por un doctor- para presentarnos ante el CEMA, el sistema de inasistencias por razones de salud del Estado para aducir una dolencia o patología y así quedarse en cama tomando mates o mirando tele, mientras el resto de “los giles” trabajan de 8 a 14 o de 14 a 20 en Casa de Gobierno, el Edificio Administrativo, un hospital, la Policía, una escuela o cualquier dependencia estatal.
A Toledo y Tonelli los ganó la ambición y dado el éxito del boca en boca puntano y la cantidad de clientes, empezaron a publicar en redes sociales sobre sus servicios. La cartera de clientes creció y los faltazos en la administración pública crecieron como si una pandemia de gripe, bronquitis, gastroenteritis, neumonías hubiese copado a la provincia.
Pero un día llegó a ojos del médico Marcelo Velázquez un certificado que él jamás firmó. Su indignación fue tal que hurgó un poco más y vio que su nombre y un sello parecido al suyo estaban en decenas de papeles con diagnósticos falsos. Hizo la denuncia que disparó la actuación de una Fiscalía de Instrucción y el resto ya es historia.
Toledo y Tonelli quedaron en el banquillo de los acusados junto a Graciela Apaza, acusada de complicidad con la pareja y de imprimir -a sabiendas de lo que ocurría- los documentos falsos en la fotocopiadora de su negocio.
Por entonces, el desparpajo del matrimonio era tal que ya vendían certificados médicos para presentar en las escuelas y así justificar las faltas de adolescentes, lo mismo que aptos médicos para llevar a los escritorios de la Liga Sanluiseña de Fútbol.
El Gobierno hizo una investigación interna y la Fiscalía de Estado llevó todo a la Justicia. En las oficinas de Recursos Humanos buscaron los papeles truchos y a empleados públicos vagos se les cayó la estantería. Las pruebas en su contra y contra Toledo y Tonelli eran enormes y elocuentes. Los clientes hasta por la billetera virtual Mercado Pago habían abonado sus permisos para hacer fiaca y no ir a trabajar por días y días.
Los pícaros superaban los 100 y muchos, desesperados, furiosos y a los gritos, llegaron hasta las oficinas de Recursos Humanos clamando su inocencia. El griterío y la victimización, las excusas y mentiras no tuvieron eco y el proceso interno en el Estado continuó. Todos los falsos enfermos fueron despedidos.
En el juicio, la fiscalía de Instrucción desistió de acusar a Apaza por falta de pruebas, pero el Tribunal, por unanimidad, condenó a Toledo y Tonelli a 4 años de prisión por los delitos de «falsificación de instrumento privado, en concurso real y defraudación a la administración pública provincial, en calidad de coautores, en perjuicio de la fe pública y la administración pública».
Para ambos hubo agravantes: extensión del daño, multiplicidad del delito y los motivos que los determinaron a delinquir.
Ahora, ambos, están alojados en la Penitenciaría Provincial. Cada uno en su pabellón. Mientras tanto, unos 100 pícaros se arrepienten de su pillería y lamentan haber perdido su trabajo. Muchas veces, las avivadas criollas terminan muy mal.
Fuente: el chorrillero
